Los retos en el camino hacia un voto informado

Según las estadísticas del padrón electoral de marzo de 2019, las y los ciudadanos analfabetos representaron más del 20%. Esta condición constituye una barrera que limita la posibilidad de ejercer un voto informado, entre muchas otras cosas. Por ello, durante el proceso electoral de 2019, tanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organizaciones de sociedad civil y actores de la iniciativa privada, hicieron un llamado al voto informado y desarrollaron esfuerzos para promover votantes informados, como tipo de votante ideal o deseable, es decir, aquel votante que fundamenta su voto en el análisis comparativo de la información disponible, presentada a través de la oferta electoral y los medios de comunicación, para expresarlo en términos muy generales.

Hubo iniciativas de sociedad civil, como la Mochila Electoral, que ofrecieron un conjunto de herramientas para que el electorado se informara, enfocadas a cuestiones de fondo, como los asuntos de identificación ideológica o propuestas de gobierno; por ejemplo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), realizó análisis financieros de los planes de gobierno de los partidos políticos participantes, presentando de forma temática las metas, costos y ruta de financiamiento de las propuestas, si estaban disponibles.

En general, dos factores intervienen en el proceso de impulsar ese voto informado: el tipo de información y el acceso a ella. Sobre la primera, excluyendo la parte a la que alude el TSE en cuanto a cómo votar, hay una gran responsabilidad en las organizaciones políticas de crear y difundir estatutos, ideología, filosofía y programas de gobierno, es decir, hacer llegar a las y los votantes información que busque generar o fortalecer una conexión entre ciudadanía y partidos, basada en aspectos ideológicos y/o programáticos, un aspecto determinante para el grado de institucionalización del sistema de partidos (Mainwaring & Torcal, 2005).

Si bien mucho se puede profundizar sobre las limitantes vinculadas a la escasa información que ofrecen las organizaciones políticas y los retos pendientes a enfrentar para las siguientes elecciones, el presente artículo pretende analizar una barrera determinante en el acceso y uso de la información: el analfabetismo. Incluso, dejando de lado el tipo de voto deseable que promueve el TSE y organizaciones civiles, ¿podríamos garantizarlo hoy, con los porcentajes de analfabetismo existentes en el país?

Estamos ante una problemática con graves implicaciones, pues, saber leer y escribir no garantiza que se emita un voto informado, pero no saber hacerlo, ciertamente lo dificulta. En este sentido, aunque existan esfuerzos para promover el voto informado, estos pueden resultar inútiles ante la población analfabeta, que no tiene la capacidad de explotar los recursos que se ponen a su disposición.

En el proceso electoral de 2007, las y los ciudadanos analfabetos representaron el 27.68% del padrón electoral, porcentaje que se traduce a 1,657,875 ciudadanos analfabetos. Las ciudadanas analfabetas constituyeron el 14.94% (895,182) del padrón electoral total y los hombres el 12.73% (762,693). En el proceso de 2011, hubo un crecimiento significativo en el padrón electoral, aumentando 22.5% en comparación al proceso anterior. Según Naveda y Fortín (2012), este crecimiento en el padrón se debe, en parte, a que en más de una tercera parte de los municipios del país hubo una relación entre el programa de transferencias condicionadas “Mi Familia Progresa” y el crecimiento femenino en el padrón electoral. Así que, para las elecciones de 2011, aunque la proporción de ciudadanos analfabetos disminuyó (25.83%), la proporción de mujeres analfabetas aumentó, representando el 15.77% del padrón total. En términos absolutos eso significa que el padrón electoral contaba con 262,159 mujeres analfabetas más, mientras que en proporción y números absolutos los hombres analfabetos disminuyeron.

Por su lado, el padrón electoral del proceso electoral de 2019 fue 7.84% mayor que el padrón de 2015, y 36.05% mayor que el proceso de 2007. Aun así, en cuanto a disminución de ciudadanos analfabetos no ha habido un avance significativo. En los procesos electorales de 2007 y 2011 había un ciudadano analfabeto por cada cuatro ciudadanos, mientras que en 2019 había uno por cada cinco. Y aunque para algunos ese 7% de diferencia entre 2007 y 2019 es importante, en términos absolutos hay más ciudadanos analfabetos en 2019, aunque 158,481 menos que en 2011. Esto debería ser motivo de preocupación, sobre todo porque hay una clara brecha entre mujeres y hombres que se está profundizando, tal y como se evidencia en la gráfica sobre el número de mujeres y hombres analfabetos, basada en los datos de empadronamiento reportados por el TSE.

En las siguientes elecciones hay dos factores que anticipan un incremento mayor del padrón y por consiguiente desafíos al voto informado. La primera es el acuerdo que recientemente firmó el TSE con el Registro Nacional de Personas (RENAP), para que cualquier ciudadano que trámite o renueve su Documento Personal de Identificación (DPI) quede automáticamente empadronado. El segundo es que, según el último Censo Nacional (2018), el grupo quinquenal de población más grande es el de 15-19 años. Por consiguiente, derivado del convenio interinstitucional que automatiza el proceso de empadronamiento y que los adolescentes entre 15-19 años son el grupo poblacional más grande, el padrón electoral presentará un crecimiento importante. 

Adicionalmente, el crecimiento en el padrón converge con otra variable: los efectos de la pandemia de SARS-CoV-2 en el ámbito educativo. Los niños y adolescentes, los futuros votantes, representan el 44.66% de la población total. En este momento es imposible determinar cuántos de ellos dejaron de educarse por el cierre de centros educativos. ¿Cuántos ciudadanos más que no pueden informarse por medios escritos habrá en los siguientes procesos electorales? La proporción que representarán en el padrón de las siguientes elecciones nos dará una respuesta. 

El escenario que se prevé para el 2023 es desafiante si no se comprende y atiende la inminente relación entre alfabetismo y la posibilidad de emitir un voto informado. Es importante entender que la limitación de no saber leer ni escribir causa serias implicaciones en uno de los ejercicios democráticos más importantes de nuestro país: las elecciones. 

Un principio democrático es que el voto de todo ciudadano cuenta igual, eso incluye a quienes no saben leer o escribir. Sin embargo, el analfabetismo es una barrera para ejercer ese derecho de forma informada, como lo promueven el TSE y las organizaciones sociales. Por consiguiente, es indispensable generar oportunidades para que todas y todos puedan ejercer su voto de una forma más libre, más consciente, más informada, creando múltiples vías para que existan más formas de informarse que las tradicionales.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan la posición institucional del Instituto Nacional Demócrata.

Referencias

Fortín, J. & Naveda, E. (Agosto de 2012). ¿Inciden las transferencias condicionadas en las elecciones? El Caso de Mi Familia Progresa. Espacios Políticos, 38-48.

Mainwaring, S. & Torcal, M. (2005). La institucionalización de los sistemas de partidos y la teoría del sistema partidista después de la tercera ola democratizadora. América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, 141-173.